Casa de América adelanta en exclusiva la presentación del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incluida en el libro "Inmigración, Estado y Derecho", publicado por la editorial Bosch y que cuenta con la participación de más de 50 especialistas en migraciones. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, el ponente constitucional, Miguel Roca, y Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Director del Real Instituto Elcano presentarán la obra en Casa de América el miércoles 12 de marzo a las 19:30 horas.José Luis Rodríguez Zapatero
1. La inmigración como realidad que exige una respuesta política
Desde mediados de los años noventa, España se ha convertido en un país de inmigración. La rotundidad de esta afirmación pretende poner de manifiesto una realidad ineludible, frente a la que es inútil cerrar los ojos. Una realidad que demanda, que exige, una respuesta política.
Debemos resistir la tentación de creer en una ilusoria capacidad de evitar las consecuencias de la inmigración mediante una mezcla de férreas barreras a las nuevas llegadas y políticas públicas que desconocen la presencia de nuevos ciudadanos o, incluso, que los excluyen. La inmigración existe, con oportunidades y con riesgos; y sus efectos sobre nuestras sociedades exigen políticas
complejas, de todas las administraciones y en todos los ámbitos de su actividad; políticas que asuman la nueva realidad, la ordenen y consigan gestionarla como un ámbito más de la cotidianeidad: incidiendo por tanto sobre ella, orientándola en las líneas que decidamos potenciar, aprovechando al máximo sus aportaciones y reduciendo los conflictos que toda novedad comporta.
Para los desafíos que la inmigración representa para nuestra sociedad, para todos los ciudadanos, la política es nuestro único, pero muy poderoso, instrumento. En los últimos años, España ha empezado a construir una política de inmigración, consciente y proyectada sobre todos los ámbitos: desde la educación o los servicios sociales al control de fronteras; desde la estrecha cooperación con los países de origen y tránsito de la inmigración al impulso de una política común europea de inmigración; desde el codesarrollo a la previsión de formas de entrada regular en España.
Nuestra política de inmigración debe orientarse al mantenimiento de los principios fundamentales de nuestro modelo de convivencia. La riqueza que la inmigración aporta a nuestra sociedad en forma de crecimiento económico y laboral, pero sobre todo de crecimiento personal, debe ser crecimiento para todos: para todos los españoles, evitando que la llegada de nuevos ciudadanos desborde nuestras capacidades de prestación de servicios públicos y reduzca su calidad y su nivel actual de atención; y para todos esos nuevos ciudadanos que vienen a España a construir su propio futuro junto con el de nuestro país. Ni la inmigración puede significar que renunciemos a los objetivos constitucionales de un Estado social y democrático de derecho, ni la gestión de la inmigración puede hacerse desde otro marco que no sea ese mismo Estado democrático.
2. La política de inmigración sólo puede descansar sobre la legalidad de la llegada de los inmigrantes
Para que nuestra política de integración de los inmigrantes sea efectiva, necesitamos un modelo de inmigración que supere una historia marcada por la llegada irregular de inmigrantes y su posterior regularización. Nuestro país sigue siendo capaz de aprovechar la llegada de nuevos ciudadanos que quieren integrarse en nuestra sociedad. Nuestra capacidad de integración sigue existiendo, pero sólo podrá desplegarse en la medida en que consigamos ordenar la llegada de nuevos ciudadanos con un ritmo sostenible, con posibilidades reales de acceder a un empleo y con la capacidad de desarrollar los servicios públicos de un modo acorde con las nuevas demandas. Sólo la legalidad en la residencia de los inmigrantes nos permite desarrollar estos extremos.
Por esta razón, nos hemos esforzado en que afloren todas las situaciones de irregularidad que se habían ido enquistando históricamente en nuestro modelo; por ello intentamos desde el principio de esta Legislatura que todos los que se encontraban en España y estaban en condiciones de acceder a un empleo regular pudieran hacerlo.
Por esta razón, hemos trabajado en la creación y el fortalecimiento de las vías de entrada regular, creando mecanismos diversos que respondan, a la vez y con la flexibilidad adecuada, a las demandas de la reagrupación familiar, a la situación laboral en nuestro país y a la existencia de personas que quieren venir a España desde sus países de origen: instrumentos como el contingente de trabajadores extranjeros o el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, gestionadas en eficaz cooperación con los servicios de empleo de las comunidades autónomas, han conseguido que, por primera vez, las entradas regulares estén ya superando a las cifras estimadas de entrada irregular en España.
Por esta razón, finalmente, hemos apostado decididamente por la cooperación con los países de origen, y muy especialmente con aquellos más cercanos que, hasta hoy, habían sido ajenos a nuestra política de vecindad. El impulso de la inmigración legal sólo puede hacerse trabajando en los países de origen, con formación, con contacto directo entre nuestros empleadores y quienes
quieren venir a España. Y ese trabajo sólo es posible en colaboración con las administraciones de estos países, a las que, además, necesitamos integrar en el esfuerzo de lucha contra la inmigración irregular. Sólo desde la convicción compartida de que la inmigración legal es más provechosa para todos, países de origen y de destino, inmigrantes y sus familias, podremos avanzar en este
ámbito.
Junto a esta dinámica de colaboración y apertura a la inmigración legal, debemos seguir, con igual decisión, la lucha contra el tráfico de personas. La apertura de las vías de entrada regular es también la apertura de una esperanza alternativa, honesta, real y legal, para quienes quieran venir a nuestro país, alejándoles así del recurso a las mafias que, tarde o temprano, significa la puesta en riesgo de su vida y su dignidad.
En este contexto, es ineludible un firme compromiso con la lucha policial contra las redes de tráfico de personas, un compromiso que debemos extender también a los países de origen y tránsito.
3. Una política de inmigración para todos, españoles e inmigrantes, desde los principios y valores constitucionales
La legalidad de la residencia no es el fin de la política de inmigración. Es su instrumento fundamental, pero el objetivo de la política de inmigración es mucho más ambicioso, pues pretende contribuir al mantenimiento de la cohesión social de España, y afecta por lo tanto a todos, españoles y extranjeros, para conseguir avanzar en un modelo de convivencia que asuma todas las aportaciones, que reconozca a todos los derechos y valores que hemos convertido en el fundamento de nuestro ordenamiento, que no excluya a ninguna persona de la cobertura de nuestros servicios públicos, que no reduzca su capacidad integradora, desde la educación a la sanidad, desde la justicia a los servicios sociales, porque son esos valores y esos servicios los que dan sentido a nuestra comunidad y los que consiguen su real cohesión.
Cuando hacemos política de integración no trabajamos sólo para que los inmigrantes con quienes convivimos puedan desarrollar su vida, trabajamos también para el conjunto de nuestra sociedad y para los ciudadanos españoles: para aprovechar al máximo las capacidades de todos en beneficio también de todos, para asegurar un marco de convivencia coherente con nuestro modelo de sociedad, para mantener en un nuevo contexto las capacidades de integración y solidaridad que han distinguido el modelo europeo de comunidad al que España se adhirió con el acceso a la democracia.
En ese modelo, la integración parte fundamentalmente del acceso al mercado de trabajo, y ésa debe ser nuestra prioridad fundamental también en la política de inmigración: para ello venimos trabajando en la mejora de la formación de las personas que quieren venir a nuestro país, desde sus propios países de origen; para ello debemos seguir mejorando nuestras capacidades administrativas en la gestión de las ofertas de empleo; para ello debemos continuar actuando para que en España siga sin tener cabida la idea de discriminación laboral por razones de nacionalidad, de origen o de etnia.
El trabajo no es la única vía de acceso a nuestra sociedad, pero seguirá siendo la más relevante, la que permite con carácter general la integración y la que confiere de modo mayoritario la idea de pertenencia a una comunidad. Sin trabajo no hay integración. Así, debemos seguir trabajando en todo aquello que vincule la inmigración con el acceso real y efectivo a un empleo como base del proyecto migratorio.
E, igualmente, debemos continuar el esfuerzo de equipar a nuestra propia sociedad con los instrumentos necesarios para dar respuesta a los retos y a las oportunidades de la inmigración. La política de inmigración no se proyecta sólo sobre los inmigrantes. También lo hace sobre los nacionales y sobre las propias administraciones. Cuando reforzamos nuestros servicios de educación o de sanidad para hacer frente a las nuevas demandas estamos haciendo política de inmigración, de modo tan efectivo o más que cuando reforzamos nuestros controles en frontera; cuando reforzamos el control de las condiciones de habitabilidad de las viviendas en nuestras ciudades estamos también haciendo política de inmigración y política de integración.
Por ello creo que el esfuerzo de creación del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los Inmigrantes así como para el refuerzo Educativo de los mismos es una iniciativa fundamental en esta legislatura, puesto que impulsa y apoya todas estas actividades y lo hace mediante el acuerdo y la acción conjunta con las Comunidades Autónomas y las administraciones locales.
Es con estos instrumentos, con todos ellos, con los que debemos construir día a día la cohesión de nuestra comunidad, nuestra convivencia. En el respeto de sus valores esenciales, aquellos que hemos querido consagrar como fundamentales en nuestra Constitución, sin renunciar a ellos ni relativizarlos, conscientes de que, en su marco, debemos aceptar cada día una nueva forma de
construir nuestra identidad.
4. Una política de suma de voluntades y acuerdos, estable y consensuada
La política de inmigración que todo Gobierno consciente y cabal debe llevar a cabo es, finalmente, una política abierta al acuerdo y al diálogo, porque para ser útil esa política debe ser estable, debe formularse a largo plazo y, con las necesarias adaptaciones, debe ser asumida por todo Gobierno posterior.
Creo que hemos trabajado en ese camino en estos últimos años. Lo hicimos ya a principios del año 2000 y en 2003 acordando, aunque mantuviéramos algunas discrepancias relevantes, los elementos fundamentales de una ley de derechos y libertades de los extranjeros y de su integración social, que no hemos modificado desde entonces.
Y estoy convencido de que ningún Gobierno futuro querrá renunciar a instrumentos como los creados en esta legislatura en torno de la idea del acceso regular al mercado de trabajo, del Fondo de Integración o del propio Plan Estratégico de Integración y Ciudadanía.
Ése es el activo fundamental de una política de inmigración que quiera ser eficaz.
Para conseguir ese activo, toda política de inmigración debe ser fruto del diálogo y del acuerdo. Con los partidos políticos, pero, incluso de modo más relevante, con los actores sociales: con empleadores y sindicatos, con administraciones y asociaciones, con los países de origen. Un acuerdo, en este caso, con la atención puesta en su desarrollo social, económico y político, para el que la inmigración actual es un instrumento tan fundamental como lo fue, en su momento, la emigración española para el avance de España.
Para nosotros, la idea del codesarrollo no es ya una noción teórica, sino una necesidad diaria en la que avanzar para dar respuesta a largo plazo a las mismas raíces de la inmigración económica. Y diálogo y acuerdo en el seno de la Unión Europea. Porque la política de inmigración se hace, y se debe hacer, desde cada país, con atención a la realidad propia y diferenciada de cada uno.
Pero debe apoyarse y construirse, avanzando también en un enfoque común de todos los países europeos, el convencimiento de que compartimos cada vez más no sólo un espacio, sino una auténtica comunidad, económica, política y social. Por ello, también creo que el énfasis en el impulso de una política europea de inmigración de carácter global, que aglutine las perspectivas de integración y codesarrollo de los países de origen, es otro de los elementos fundamentales que todo Gobierno de España, independientemente de su color, debe seguir asumiendo en el futuro.
