Roma, Madrid, Lima / EFE.- El presidente italiano, Giorgio Napolitano, puso peros a la ley impulsada por el primer ministro Silvio Berlusconi de lanzar un paquete de emergencia para combatir el crimen y la inmigración ilegal y que generó críticas de la Iglesia y del Gobierno de España.Según el periódico español El País, el ministro del Interior, Roberto Maroni, dijo que Napolitano considera que para que las medidas entren en vigencia deben tener un carácter de “necesidad y urgencia”.
Maroni se reunió el jueves con el Presidente para informarle de los planes agrupados en una ley, que está previsto sea aprobada en el Consejo de Ministros del próximo miércoles en Nápoles.
Según la prensa italiana, citada por El País, el Presidente se mostró cauto y exigió que las medidas sean de verdad “urgentes y de necesidad” y respeten la normativa europea.
Como parte del plan de Berlusconi, el jueves en una redada policial fueron arrestadas 383 personas, de las cuales 118 serán expulsadas por ser inmigrantes sin papeles.
Berlusconi hizo de la persecución de la pequeña delincuencia común y la inmigración ilegal una de las principales banderas en su reciente campaña electoral y, después, en su programa de Gobierno para esta legislatura.
Además el Primer Ministro cambiará el nombre de los centros de acogida para llamarlos centros de identificación y expulsión, una afirmación que contrasta con la hecha ayer por su colega del Interior que negó la preparación de expulsiones masivas, prohibidas por la Unión Europea.
Un vocero de la Comisión Europea aseguró que Italia no ha violado “hasta el momento” las leyes comunitarias sobre la libre circulación de personas.
Críticas
La Iglesia alzó la voz y dijo que “hay que parar los extremismos” contra los inmigrantes, ya que se corre el riesgo de caer en racismo.
“No pueden dictar leyes a nadie y no pueden ser considerados como la realidad total de un pueblo”, ha afirmado el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Angelo Bagnasco, en una entrevista que publicó ayer el diario La Repubblica sobre la crisis desatada luego que asentamientos gitanos fueran quemados.
El cardenal de Turín, Severino Poletto, dijo al diario Corriere della Sera : “Si no vigilamos profundamente nuestro pensamiento, sin darnos cuenta podemos caer en algo de racismo”.
España expresó ayer su desacuerdo con la política de Berlusconi y expresó que “rechaza la violencia, el racismo y la xenofobia, y por tanto no puede compartir lo que está sucediendo”.
Así lo expresó en conferencia la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Ayer, el Gobierno español aseguró que la funcionaria condenó la serie de incidentes racistas en los últimos días en Italia, sobre todo en Nápoles, luego de las batidas a campamentos de gitanos, la mayoría de Rumania.
El ministro italiano de Exteriores, Franco Frattini, se declaró “satisfecho” con las aclaraciones recibidas del Ejecutivo español.
El Ministro del Interior critica la violencia
El ministro del Interior, Roberto Maroni, ha calificado ayer como “injustificable” la violencia vivida en Nápoles en los últimos días contra los campamentos gitanos, aunque insistió en que el Estado dará todo el apoyo necesario “para mejorar la seguridad” de Italia.
“Se puede evitar que la rabia prevalezca sobre las reglas de la convivencia civil y que se repitan episodios de injustificable violencia como los que se han producido lamentablemente en Nápoles tras el horrible intento frustrado del secuestro de un bebé”.
Maroni hizo esas afirmaciones durante la fiesta del 156 aniversario del Cuerpo de Policía y se producen después de que fueran incendiados, en los últimos días, cinco campamentos de gitanos que habían sido evacuados.
“Es intención nuestra (del Gobierno) gestionar con orden y rigor la inmigración interna y externa de la Unión Europea, para garantizar la convivencia pacífica, del ahora y del mañana, de todos los pueblos”.
Las declaraciones se enmarcan dentro del plan que diseña el nuevo Ejecutivo de Silvio Berlusconi para la lucha contra la inmigración y que se articulará en cinco puntos. Será presentado el 21 de mayo en el Consejo de Ministros.
