Cuarto millón de bolivianos que viven en España están en riesgo de volver al país el 2010

La Paz, 18 Jun (Erbol).- Al menos 210 mil bolivianos que viven en España están en riesgo de retornar al país a partir del 2010 debido a la puesta en vigencia de la “Directiva de Retorno” que fue aprobada este miércoles por el Parlamento Europeo.

La embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, en comunicación con la Red Erbol, dijo que la nueva normativa europea es un retroceso en el avance de los derechos de las personas en temas de inmigración y que el panorama es poco alentador para la perspectiva de los indocumentados.

Informó que el 70% de los inmigrantes bolivianos que residen en España son indocumentados, lo que quiere decir que de los 350 mil que viven en el país ibérico sólo 70 mil tienen carácter regularizado, 20 mil están con trámites de residencia y el resto, 210 mil aproximadamente, están como ilegales.

“Si estuviéramos en el mejor escenario hasta el 2010, con la normativa actual de España, podríamos tener la esperanza de que la mayoría proceda a regularizarse caso por caso a través del arraigo laboral, del arraigo social o de la reagrupación familiar, que establece la legislación española”, sostuvo Almendras.

Indicó que a nivel de la Embajada se abordó el tema de manera integral, tal es el caso de la implementación de una reforma consular, lo que implica abrir más consulados bolivianos en las regiones donde no existen y entregarles a los inmigrantes los documentos necesarios para que tengan al día los requisitos que les exige la ley española, como son el pasaporte y los antecedentes penales.

La jefa de la misión diplomática boliviana en España anunció que se seguirá dialogando con las autoridades españolas para que puedan mantener su actual política de inmigración hasta el 2010, de tal manera de dar oportunidad a los miles de compatriotas a regularizar su situación para que puedan quedarse en el país ibérico.

“España ha mostrado apertura, confiamos en que esto continúe así para que el 2010 los que quieran retornar lo hagan de manera voluntaria y los que se quieran quedar lo hagan en condiciones dignas sometiéndose a las normas españolas”, apuntó.

Por su lado, el vicecanciller, Hugo Fernández, en conferencia de prensa, afirmó este miércoles que el Gobierno estudiará los alcances de la directriz aprobada por el Parlamento Europeo para decidir cómo enfrentarla "de manera legal".

Hace algunos días, el presidente Evo Morales había bautizado el proyecto de la UE como la "directiva de la vergüenza" y planteó incluso la posibilidad de exigir visado a los europeos en reciprocidad, aunque Fernández se mostró partidario de no tomar decisiones apresuradas.

DIRECTIVA DE RETORNO

El texto de la Directiva, negociado con el Consejo promueve el retorno voluntario, introduce normas comunes para el retorno de inmigrantes ilegales procedentes de países no comunitarios, establece estándares mínimos para la retención temporal, con periodos máximos de internamiento, e introduce un enfoque común para la prohibición de reingreso en la UE.

Según la Directiva, los Estados deberán legalizar a los inmigrantes o pedirles que se vayan, para lo que se dará un periodo de salida mínimo de 7 días. Si no se van, tendrán que expulsarlos, pero con garantías jurídicas y primando los intereses del menor y las familias. La retención se limita a un máximo de 6 meses, que puede extenderse en ciertos casos hasta 12 meses más. Además, los países de la UE tendrán que proporcionar asistencia legal a los inmigrantes sin recursos, en función de las distintas legislaciones nacionales.

El compromiso, que el pleno de la Eurocámara aprobó hoy en primera lectura, había sido negociado por el ponente parlamentario y la presidencia del Consejo y recibió el respaldo de los ministros de Interior de los Estados miembros el pasado 5 de junio. El Consejo dará su aprobación formal en julio. Los Estados miembros tienen 24 meses para adaptarse a la nueva legislación, que apenas obligará a España a modificar sus normas.

Los eurodiputados se opusieron a las propuestas de los grupos Verdes y GUE de rechazar el texto en su integridad por 114 a favor, 538 en contra y 11 abstenciones.

También fueron rechazadas las enmiendas presentadas por el grupo socialista, que introducían modificaciones en puntos como el periodo máximo de retención, el retorno voluntario, la prohibición de reingreso y el plazo para dictar las órdenes de internamiento.

La directiva, cuya aplicación está prevista en 2010, no interfiere en la legislación europea sobre asilo. Se aplicará a nacionales de países no comunitarios que se encuentren en situación ilegal en un Estado miembro y que no se encuentren amparados por la solicitud de residencia o de asilo.