El Gobierno dejó de lado sus amenazas respecto de la Directiva de Retorno aprobada por el Parlamento Europeo, ley que pretende uniformar la retención y expulsión de inmigrantes indocumentados, y anticipó que buscará contactos bilaterales, especialmente con España, para regularizar la situación de unos 260.000 connacionales.“No tenemos grandes problemas respecto de esta directiva”, dijo ayer el vicecanciller Hugo Fernández, junto con la embajadora de Bolivia en España, María del Carmen Almendras.
La ley sobre inmigración, aprobada la anterior semana por el Parlamento Europeo, pretende armonizar el marco legal dentro de los 27 países europeos. Entre otras medidas, la normativa fija un plazo máximo de 18 meses de retención de los inmigrantes en situación irregular mientras se tramita su repatriación y prohíbe a aquellos que
sean expulsados a entrar de nuevo en el bloque en un periodo de cinco años.
En junio, el presidente Morales, en una carta remitida a la Unión Europea (UE), calificó a la ley como “directiva de la vergüenza”. Dijo que se analizaba pedir visa a los europeos que ingresen al país y que no era “ético” profundizar las negociaciones sobre un acuerdo comercial entre la Comunidad Andina (CAN) y la UE mientras siga vigente esa restricción.
“Con España, tenemos dos años para hacer esta negociación y necesariamente la vamos a hacer”, sostuvo el Vicecanciller.
La embajadora Almendras informó que cerca de 900 residentes bolivianos en España fueron deportados durante 2007 por no contar con sus documentos. El senador Tito Hoz de Vila, de Podemos, agregó a Efe que España e Italia están dispuestos a mejorar la directiva europea.
Zapatero ve una ignorancia supina
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo ayer que la Directiva europea de Retorno de Inmigrantes ilegales supone “un avance” y consideró que las críticas sólo pueden proceder “de una ignorancia supina elevada a la categoría de lo insólito o a una demagogia inaceptable”.
El jefe del Ejecutivo español indicó que “evidentemente” no es la mejor directiva y que le hubiera gustado que el plazo de retención fuera menor, pero destacó que el nuevo texto fija un límite a países que no lo tenían, además de incorporar garantías.
