La UE aprueba la directiva que regula el retorno de los inmigrantes irregulares

- La normativa establece los criterios mínimos en los países miembros
- La Eurocámara se pronunciará el próximo 18 de junio y se espera un voto ajustado

AGENCIAS. Luxemburgo Jueves, 5 de junio de 2008 - 20:18 h.

Los ministros del Interior de la Unión Europea ratificaron hoy, tras tres años de debates, el acuerdo alcanzado a nivel de embajadores sobre la directiva que armoniza los procedimientos de repatriación de inmigrantes irregulares. Su apartado más polémico es el que permite a los Estados miembros retener a los inmigrantes a la espera de expulsión en centros de internamiento hasta un máximo de 18 meses. Varias ONG, entre ellas Amnistía Internacional, han denunciado que esta norma vulnera los Derechos Humanos de los inmigrantes.
Consuelo Rumí insiste en que la norma es "equilibrada, garantista y armónica"

El ministro esloveno del Interior y presidente de turno del Consejo, Dragutin Mate, dijo que espera que la Eurocámara, que por primera vez tiene poder de codecisión en una norma sobre inmigración, ratifique la directiva en el pleno del próximo 18 de junio. Si esto ocurre, concluirían así todos los trámites y la denominada directiva de retorno se aprobaría en primera lectura. Mate alertó de que si los eurodiputados rechazan el compromiso, habría que "empezar de nuevo" las negociaciones y se tardaría otros tres años en lograr un acuerdo.

En el Parlamento Europeo se espera un voto ajustado. Populares, liberales y soberanistas respaldan el texto aprobado por los ministros del Interior, que es el resultado de un compromiso previo con el ponente parlamentario, el conservador alemán Manfred Weber. Los Verdes y el grupo de Izquierda Unitaria se oponen, mientras que los socialistas acudirán a la votación divididos, ya que mientras la delegación española respalda la directiva, los franceses la rechazan.

El vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, enfatizó que esta norma permitirá en el futuro que la UE pueda controlar que se aplica correctamente el acervo comunitario en las expulsiones. Destacó que la directiva da prioridad al retorno voluntario, y que "los derechos de los irregulares quedan garantizados" en cuestiones como el derecho de recurso, el apoyo lingüístico, la educación de los menores o los cuidados médicos.

Por lo que se refiere al apartado más polémico, el que permite retener a los inmigrantes pendientes de expulsión hasta 18 meses, Barrot dijo que esta disposición respeta la Convención Europea de los Derechos Humanos y "permite verdaderamente reformar la seguridad jurídica de los interesados". No obstante, reclamó a los Gobiernos que garanticen la protección de los menores al aplicar la directiva.

"He lanzado un llamamiento a los Estados miembros para que garanticen que en la directiva de retorno se tengan en cuenta los derechos del niño y todas las reglas inscritas en la Convención Europea de Derechos Humanos y en la Convención de la ONU sobre Derechos del Niño. La Comisión velará particularmente sobre los derechos de los niños", insistió Barrot.

La delegación española, representada por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, se felicitó por la aprobación de la directiva al considerar que supone un paso más en la puesta en marcha de una auténtica política de la UE en materia de inmigración y que mejora la situación de los inmigrantes en algunos Estados miembros. En el caso de España, el efecto de la directiva será mínimo porque el sistema vigente es ya uno de los "más garantistas de Europa".

Rumí insistió en que la directiva de retorno es "equilibrada, garantista y armónica" y dijo que el objetivo con el que se ha trabajado para elaborar esta norma ha sido "que sea eficaz en la lucha contra la inmigración clandestina al mismo tiempo que es garantista en los derechos de todas las personas". "Es un avance, un paso importante en esa política de inmigración común dentro del marco europeo", señaló.

Por su parte, Camacho insistió en que la norma establece un "mínimo común garantista" para todos los países de la UE. "Esta directiva establece un plazo máximo (de internamiento) allí donde no lo había, establece una serie de garantías de inexcusable cumplimiento para llevar a cabo las expulsiones en relación a países en donde no las había", afirmó.

El secretario de Estado de Seguridad confirmó que el Gobierno pretende ampliar el plazo máximo de internamiento previsto en la ley de Extranjería, de 40 días, pero dijo que este aumento será "racional" y no se llegará a los plazos previstos en la directiva. El objetivo de la reforma, que el Gobierno quiere consensuar con todos los grupos políticos parlamentarios, es poder llevar a cabo las expulsiones.

Asistencia jurídica gratuita

El vicepresidente Barrot confirmó que la Comisión se ha comprometido a usar el Fondo Europeo de Retorno para ayudar a los Estados miembros con más problemas a pagar la asistencia judicial a los inmigrantes que van a ser expulsados. Este compromiso permitió este miércoles que los embajadores resolvieran el último punto pendiente, la cuestión de quién asume los costes de la asistencia legal de los inmigrantes que no pueden pagarla. Varios países, encabezados por Alemania, Austria y Grecia, se negaban a que la asistencia jurídica gratuita fuera una obligación, y por ello se había dejado la decisión en manos de cada Estado miembro.

Sin embargo, los representantes del Parlamento Europeo protestaron y exigieron que se recogiera en la directiva la gratuidad. Finalmente, se ha aceptado pero estableciendo una serie de salvaguardas que ya aparecen en la directiva sobre refugiados. Además, este principio entrará en vigor un año más tarde que el resto de la directiva.

Sin límites de internamiento

El objetivo de la nueva norma es armonizar los procedimientos que siguen los Estados miembros en la repatriación de inmigrantes irregulares, ya que en la actualidad cada país puede hacer lo que quiera y aplicar los plazos que considere oportunos. Por ejemplo, en estos momentos, un total de nueve países --Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia-- no contemplan en su legislación ningún límite para la retención de inmigrantes.

Estos Estados miembros se verán obligados a cambiar su normativa para introducir el nuevo límite de seis meses, que se podrá ampliar a 18 si hay una falta de cooperación del inmigrante o si hay demoras en la obtención de la documentación necesaria que deban expedir terceros países. A España no le afectaría este límite porque en la actualidad el periodo máximo de retención es de 40 días y la directiva de retorno no le obliga a ampliarlo.

Los inmigrantes sólo podrán ser devueltos a su país de origen o a aquellos países con los que los Estados miembros o la UE hayan concluido acuerdos de repatriación.

La norma establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante un periodo de cinco años. Sin embargo, se introduce el principio de retorno voluntario, que evitaría esta prohibición de entrada. Cada inmigrante tiene derecho a dejar el país voluntariamente y los Estados miembros deberán fijar un plazo para ello de entre siete y treinta días.

La directiva de retorno se aplica también a familias y menores no acompañados, aunque en este caso se prevén garantías específicas.