• La ley entrará en vigencia el 2010 en nueve naciones del Viejo Continente.• Los expulsados de uno de los países miembros no podrán volver en cinco años.
BBC Mundo.- El Parlamento Europeo aprobó ayer, sin enmiendas, la polémica “directiva de retorno”, que afectaría a millones de inmigrantes ilegales. La ley fue aprobada por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 en blanco.
Según la normativa, los extranjeros sin documentos podrán ser retenidos por un período de hasta 18 meses, mientras se tramita su salida del país y, una vez expulsados, no podrán regresar a la Unión Europea (UE) en cinco años.
La ley también contempla la posibilidad de repatriación para los menores de edad no acompañados por sus padres.
La norma, que debe entrar en vigor el 2010, afectaría a unos ocho millones de inmigrantes ilegales que se calcula viven en los 27 Estados miembros de la UE.
Según la directiva, una persona sin papeles puede estar retenida por un plazo máximo de 12 meses que, en casos excepcionales, puede prolongarse a 18.
Considerada por el presidente boliviano, Evo Morales, como una “directiva de la vergüenza draconiana” y contraria a los derechos humanos, la norma fue objeto de una intensa discusión.
POLÉMICA
Los eurodiputados socialistas, críticos de la norma, afirmaron que la ley criminaliza a las personas indocumentadas y mencionaron que los gobiernos podrían abusar de ella para adelantar grandes repatriaciones de ciudadanos residiendo irregularmente en la UE.
Los socialistas intentaron introducir, sin éxito, enmiendas a los apartes que contemplan la repatriación de menores y el período de retención que en dos tercios de los 27 Estados que componen la UE es mayor al máximo actual.
DEFENSORES
Según sus defensores en la Unión Europea, la directiva busca establecer garantías y procedimientos, y fijar preceptos obligatorios para el respeto de los derechos humanos de los ilegales y de los menores en esa situación.
En la actualidad nueve países, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Malta, Reino Unido y Suecia, no tienen establecido un período máximo de retención, por lo que puede ser indefinido.
LARGO PROCESO
La propuesta había sido aprobada previamente por el Consejo (Estados miembros) por unanimidad y contó con el respaldo del Grupo Popular, el Liberal y el de Unión por la Europa de las Naciones (UEN), que juntos forman mayoría.
La decisión política de actuar conjuntamente contra la inmigración ilegal se adoptó en 1999 y la norma votada en el Parlamento tardó tres años en ser consensuada.
Ahora la directiva debe ser aprobada por el Consejo de Ministros, luego ser publicada en la Gaceta Oficial, y finalmente, ser incorporada por los países en sus legislaciones internas, para lo cual tienen un plazo de dos años.
El tema es prioritario en España, al igual que en Francia (migración africana), Reino Unido (de Asia y el Caribe), e Italia, donde la migración proviene de diferentes sectores, incluyendo los gitanos.
España, que se considera que tiene una de las legislaciones más avanzadas y con mayores garantías para los inmigrantes, informó que estudiará la posibilidad de aumentar de 40 a 60 días el período máximo de retención.
Según la norma, la invitación al retorno voluntario, diferente de la deportación, incluirá asistencia legal gratuita a los inmigrantes ilegales sin recursos, gracias al establecimiento de un Fondo Europeo para el Retorno que tendrá un presupuesto de aproximadamente 110 millones de Euros anuales hasta el 2013.
PUNTOS DE LA CONTROVERSIA
- PAÍS DE RETORNO: El texto plantea el principio de “retorno” de todo extranjero en situación irregular (los demandantes de asilo no están concernidos) hacia su país de origen, hacia un país de tránsito con el cual se hayan celebrado acuerdos o hacia otro país al cual el implicado quiera regresar, siempre y cuando sea admitido.
- RETORNO VOLUNTARIO: El “sin papeles” se ve acordar un plazo de 7 a 30 días para su “retorno voluntario”, que puede ser ampliado en forma “apropiada” en función de las circunstancias (niños escolarizados, otros vínculos familiares y sociales).
LA DETENCIÓN: Se decide en caso de “riesgo de fuga” o si el “sin papeles” se niega a ser expulsado.
El texto garantiza a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) acceso a los centros de retención, la posibilidad de recurso efectivo contra la decisión de expulsión y el derecho del clandestino a asistencia jurídica.
DURACIÓN DE LA DETENCIÓN: La duración máxima de retención es de seis meses, pero puede ser prolongada hasta 18 en caso de “falta de cooperación” del clandestino o retrasos para obtener los documentos necesarios de los países terceros.
Más allá de los 18 meses, cuando la expulsión parezca imposible, el clandestino recupera su libertad.
Actualmente, la duración de la retención es ilimitada en siete países europeos (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Holanda y el Reino Unido). Los países con disposiciones más favorables, como Francia, (32 días de retención máxima), no están obligados a alinearse.
Sin embargo, el texto no cambiará nada en las legislaciones en vigencia en Irlanda, el Reino Unido y Dinamarca, puesto que esos tres países gozan de exenciones en las áreas de Justicia e Interior.
- PROHIBICIÓN DE ENTRADA: Una expulsión será seguida de una prohibición de entrada de 5 años, incluso más en caso de “amenaza grave” para el orden y la seguridad.
- MENORES Y FAMILIAS: Los menores no acompañados y las familias con menores serán colocados en retención especial. El texto garantiza “el acceso a la educación” de los menores y pide a los Estados miembros tomar en cuenta “el interés superior del niño”. Pero autoriza la expulsión de menores no acompañados a países en los que no tengan ni tutor ni familia a condición de que haya en ellos “estructuras de recepción adecuadas”.
Según la normativa, los extranjeros sin documentos podrán ser retenidos por un período de hasta 18 meses, mientras se tramita su salida del país y, una vez expulsados, no podrán regresar a la Unión Europea (UE) en cinco años.
La ley también contempla la posibilidad de repatriación para los menores de edad no acompañados por sus padres.
La norma, que debe entrar en vigor el 2010, afectaría a unos ocho millones de inmigrantes ilegales que se calcula viven en los 27 Estados miembros de la UE.
Según la directiva, una persona sin papeles puede estar retenida por un plazo máximo de 12 meses que, en casos excepcionales, puede prolongarse a 18.
Considerada por el presidente boliviano, Evo Morales, como una “directiva de la vergüenza draconiana” y contraria a los derechos humanos, la norma fue objeto de una intensa discusión.
POLÉMICA
Los eurodiputados socialistas, críticos de la norma, afirmaron que la ley criminaliza a las personas indocumentadas y mencionaron que los gobiernos podrían abusar de ella para adelantar grandes repatriaciones de ciudadanos residiendo irregularmente en la UE.
Los socialistas intentaron introducir, sin éxito, enmiendas a los apartes que contemplan la repatriación de menores y el período de retención que en dos tercios de los 27 Estados que componen la UE es mayor al máximo actual.
DEFENSORES
Según sus defensores en la Unión Europea, la directiva busca establecer garantías y procedimientos, y fijar preceptos obligatorios para el respeto de los derechos humanos de los ilegales y de los menores en esa situación.
En la actualidad nueve países, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Malta, Reino Unido y Suecia, no tienen establecido un período máximo de retención, por lo que puede ser indefinido.
LARGO PROCESO
La propuesta había sido aprobada previamente por el Consejo (Estados miembros) por unanimidad y contó con el respaldo del Grupo Popular, el Liberal y el de Unión por la Europa de las Naciones (UEN), que juntos forman mayoría.
La decisión política de actuar conjuntamente contra la inmigración ilegal se adoptó en 1999 y la norma votada en el Parlamento tardó tres años en ser consensuada.
Ahora la directiva debe ser aprobada por el Consejo de Ministros, luego ser publicada en la Gaceta Oficial, y finalmente, ser incorporada por los países en sus legislaciones internas, para lo cual tienen un plazo de dos años.
El tema es prioritario en España, al igual que en Francia (migración africana), Reino Unido (de Asia y el Caribe), e Italia, donde la migración proviene de diferentes sectores, incluyendo los gitanos.
España, que se considera que tiene una de las legislaciones más avanzadas y con mayores garantías para los inmigrantes, informó que estudiará la posibilidad de aumentar de 40 a 60 días el período máximo de retención.
Según la norma, la invitación al retorno voluntario, diferente de la deportación, incluirá asistencia legal gratuita a los inmigrantes ilegales sin recursos, gracias al establecimiento de un Fondo Europeo para el Retorno que tendrá un presupuesto de aproximadamente 110 millones de Euros anuales hasta el 2013.
PUNTOS DE LA CONTROVERSIA
- PAÍS DE RETORNO: El texto plantea el principio de “retorno” de todo extranjero en situación irregular (los demandantes de asilo no están concernidos) hacia su país de origen, hacia un país de tránsito con el cual se hayan celebrado acuerdos o hacia otro país al cual el implicado quiera regresar, siempre y cuando sea admitido.
- RETORNO VOLUNTARIO: El “sin papeles” se ve acordar un plazo de 7 a 30 días para su “retorno voluntario”, que puede ser ampliado en forma “apropiada” en función de las circunstancias (niños escolarizados, otros vínculos familiares y sociales).
LA DETENCIÓN: Se decide en caso de “riesgo de fuga” o si el “sin papeles” se niega a ser expulsado.
El texto garantiza a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) acceso a los centros de retención, la posibilidad de recurso efectivo contra la decisión de expulsión y el derecho del clandestino a asistencia jurídica.
DURACIÓN DE LA DETENCIÓN: La duración máxima de retención es de seis meses, pero puede ser prolongada hasta 18 en caso de “falta de cooperación” del clandestino o retrasos para obtener los documentos necesarios de los países terceros.
Más allá de los 18 meses, cuando la expulsión parezca imposible, el clandestino recupera su libertad.
Actualmente, la duración de la retención es ilimitada en siete países europeos (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Holanda y el Reino Unido). Los países con disposiciones más favorables, como Francia, (32 días de retención máxima), no están obligados a alinearse.
Sin embargo, el texto no cambiará nada en las legislaciones en vigencia en Irlanda, el Reino Unido y Dinamarca, puesto que esos tres países gozan de exenciones en las áreas de Justicia e Interior.
- PROHIBICIÓN DE ENTRADA: Una expulsión será seguida de una prohibición de entrada de 5 años, incluso más en caso de “amenaza grave” para el orden y la seguridad.
- MENORES Y FAMILIAS: Los menores no acompañados y las familias con menores serán colocados en retención especial. El texto garantiza “el acceso a la educación” de los menores y pide a los Estados miembros tomar en cuenta “el interés superior del niño”. Pero autoriza la expulsión de menores no acompañados a países en los que no tengan ni tutor ni familia a condición de que haya en ellos “estructuras de recepción adecuadas”.
