UGT estima que la ‘Directiva de Retorno’ lesiona los derechos de los inmigrantes irregulares

“Se ha pretendido mandar un mensaje de eficacia ante la opinión pública europea, reiterando la culpabilización de los inmigrantes”

09.06.08 - 09:32 - SUR Melilla

“Para defender y fomentar la migración regular no es necesario instaurar un régimen dudosamente compatible con el respeto a los derechos humanos”
UGT considera que el acuerdo europeo sobre la Directiva de Retorno representa “un primer mal paso hacia la política europea migratoria común”.

La propuesta, que aún tiene que ser aprobada por el Parlamento Europeo, deja sin resolver lo que ocurre con una persona que, tras el periodo máximo de internamiento no es identificada y, por lo tanto, no puede ser expulsada.

Para el sindicato, “se ha pretendido mandar un mensaje de eficacia ante la opinión pública europea, reiterando la culpabilización de los inmigrantes y eludiendo el efecto llamada que supone para la inmigración irregular la economía sumergida y aquellos que se lucran a costa de los extranjeros no comunitarios sin autorización”.

UGT ve con preocupación que el Parlamento Europeo finalmente pueda avalar esta directiva que es lesiva para los derechos de las personas ya que “para defender y fomentar la migración regular no es necesario instaurar un régimen dudosamente compatible con el respeto a los derechos humanos”

Los Estados miembros de la Unión Europea han llegado a un acuerdo en torno al contenido de la llamada Directiva de Retorno. La propuesta aún tiene que ser aprobada en el Parlamento, pero este paso hacia una política migratoria común, “no puede ser calificado como positivo”.

UGT siempre se ha manifestado “a favor de la migración regular. Y somos consecuentes con lo que esto implica. Pero en una materia tan delicada como el trato a los extranjeros en situación administrativa irregular y los procedimientos para su expulsión del país, hay principios que no debemos olvidar. En primer lugar el debido respeto a derechos humanos fundamentales y que no se puede aplicar un tratamiento pseudopenal a personas que no han cometido delito alguno”.
“Que sea una autoridad administrativa y no judicial quien pueda ordenar el internamiento, que éste pueda incluso ejecutarse en un centro penitenciario, que menores no acompañados puedan ser retenidos en centros de internamiento y expulsados, y por último el plazo máximo de los 18 meses de internamiento, son, entre otros, elementos que no justifican tanta satisfacción en los Gobiernos europeos. Si este es el primer paso hacia una política de inmigración común, es un mal paso. Pero nos equivocaríamos si pensásemos, como siempre que hablamos de inmigración, que esto sólo afecta a los inmigrantes. Todos hemos de sentirnos concernidos cuando se aprueba una regulación restrictiva en materia de derechos, se dirija al colectivo que se dirija”.