Naciones Unidas, 23 sep (ABI).- Los jefes y jefas de estado de los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) analizarán este miércoles la ley contra el emigrante a la Unión Europea y la crisis política de Bolivia, que aún no logra acuerdos entre el Gobierno y los prefectos opositores.La reunión está prevista para las 12.00 horas en Nueva York aprovechando la presencia de los mandatarios en el 63 periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La ley contra el emigrante, denominado la Directiva de Retorno, objetado por los países latinoamericanos, contempla dentro de sus medidas la retención de hasta un máximo de 18 meses a los inmigrantes que esperan su expulsión en centros de internamiento.
En la actualidad, hay países como Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Grecia y Países Bajos cuyas legislaciones no contemplan límites para la retención de inmigrantes.
Además los presidentes de la Unasur volverán a analizar la crisis de Bolivia, donde el proceso de diálogo entre Gobierno y oposición se ha estancado por la falta de acuerdos tras cinco jornadas de una intensa negociación.
Fuentes de la misión chilena ante la ONU confirmaron que la mandataria de ese país, Michelle Bachelet, presidenta pro témpore de Unasur, ha convocado a sus colegas del bloque a una nueva reunión sobre Bolivia, que se celebrará el miércoles en Nueva York, en el marco de la Asamblea General del organismo.
La convocatoria de Bachelet se produce cuando el proceso de diálogo en Bolivia se encuentra trabado después de cinco días de negociaciones porque el Gobierno de Evo Morales y los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca no han logrado consensos.
El presidente Morales y sus ministros intentaron sin éxito arrancar a sus opositores un acuerdo para desbloquear la convocatoria al referendo sobre la nueva Constitución, con la garantía de modificar el capítulo de autonomías.
En concreto, Morales pide un acuerdo inmediato para que el Congreso apruebe antes del 15 de octubre la ley de convocatoria de las dos consultas necesarias para ratificar el proyecto de nueva Constitución.
Sin embargo, los prefectos demandaron más tiempo para profundizar en los acuerdos y exigieron que el convenio establezca la "autonomía plena" para sus departamentos.
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