La Directiva de Retorno ya ha comenzado a afectar a ciudadanos bolivianos, que como ha anunciado la embajadora boliviana en España, han sido víctimas de controles y detenciones policiales e incluso han allanado domicilios, buscando ciudadanos en situación ilegal.TeleSUR _ Hace: 01 hora
La embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, reveló este viernes el incremento de las denuncias y quejas registradas en los consulados españoles por el maltrato hacia ciudadanos bolivianos debido a detenciones y controles policiales, e incluso se han "allanado domicilios".
Almendras aseguró, en rueda de prensa desde Madrid, que este aumento de las denuncias coincide con la nota interna de una comisaría de Policía esa ciudad, en la que se fija como objetivo un cupo mínimo de arrestos de inmigrantes sin papeles.
La Jefa de la misión diplomática boliviana en España denunció que en algunos casos esos controles y detenciones se llevan a cabo en las cercanías de las oficinas consulares, como es el caso de Madrid y Murcia, en tanto que en ciudades como Valencia "incluso se allanan domicilios".
Almendras señaló además que siempre han recibido el compromiso por parte del Gobierno español de que se ejercitará el "control respectivo en cumplimiento de la norma, con garantías constitucionales y respetando los derechos humanos".
Sin embargo, continuó, ese compromiso "no siempre guarda armonía con la actitud" de la Policía.
Explicó que el colectivo boliviano en España -alrededor de 250 mil ciudadanos- es muy "vulnerable" con estas medidas, ya que el 70 por ciento de ellos está en situación irregular.
Almendras también reiteró que el colectivo boliviano es "pacífico" y señaló que el porcentaje de detenidos por delitos comunes es "bajísimo", el 2 por ciento del total.
Defendiendo a los inmigrantes
La embajadora explicó que el ente migratorio "ha multiplicado" sus esfuerzos y "está agotando las gestiones diplomáticas" para que el Gobierno español conozca el rechazo de Bolivia a este tipo de conductas y actitudes de la Policía y para que cumpla su compromiso.
"Estamos desplegando a todo el personal que tenemos para redoblar esfuerzos en defensa de los derechos humanos de los bolivianos", dijo Almendras.
La embajadora expresó su confianza en que el Gobierno español cumpla su compromiso y en que se "reconduzca este proceso" con el fin de encauzar las relaciones entre España y Bolivia que, aseguró, "siempre han sido excelentes".
Informó de que, además de estar gestionando reuniones con el Gobierno español, también han presentado algunas de las denuncias al Defensor del Pueblo.
Aunque no ofreció datos actuales, señaló que hasta enero se mantenían las cifras con unos mil 200 trámites de inicio de expulsión de ciudadanos bolivianos al mes, de los que se hacen efectivos aproximadamente 800 al año.
No obstante, Almendras apuntó que es previsible que en el mes de febrero se registre un "incremento notable".
Sobre los programas de retorno a Bolivia, la embajadora dio a conocer que, según los últimos datos, aproximadamente sesenta bolivianos a la semana están volviendo a su país.
Este retorno se ha incrementado especialmente desde la crisis económica que afecta a España, especialmente al sector de la construcción, que ofrecía trabajo a muchos bolivianos.
TeleSUR - Efe / ff-/IM
Almendras aseguró, en rueda de prensa desde Madrid, que este aumento de las denuncias coincide con la nota interna de una comisaría de Policía esa ciudad, en la que se fija como objetivo un cupo mínimo de arrestos de inmigrantes sin papeles.
La Jefa de la misión diplomática boliviana en España denunció que en algunos casos esos controles y detenciones se llevan a cabo en las cercanías de las oficinas consulares, como es el caso de Madrid y Murcia, en tanto que en ciudades como Valencia "incluso se allanan domicilios".
Almendras señaló además que siempre han recibido el compromiso por parte del Gobierno español de que se ejercitará el "control respectivo en cumplimiento de la norma, con garantías constitucionales y respetando los derechos humanos".
Sin embargo, continuó, ese compromiso "no siempre guarda armonía con la actitud" de la Policía.
Explicó que el colectivo boliviano en España -alrededor de 250 mil ciudadanos- es muy "vulnerable" con estas medidas, ya que el 70 por ciento de ellos está en situación irregular.
Almendras también reiteró que el colectivo boliviano es "pacífico" y señaló que el porcentaje de detenidos por delitos comunes es "bajísimo", el 2 por ciento del total.
Defendiendo a los inmigrantes
La embajadora explicó que el ente migratorio "ha multiplicado" sus esfuerzos y "está agotando las gestiones diplomáticas" para que el Gobierno español conozca el rechazo de Bolivia a este tipo de conductas y actitudes de la Policía y para que cumpla su compromiso.
"Estamos desplegando a todo el personal que tenemos para redoblar esfuerzos en defensa de los derechos humanos de los bolivianos", dijo Almendras.
La embajadora expresó su confianza en que el Gobierno español cumpla su compromiso y en que se "reconduzca este proceso" con el fin de encauzar las relaciones entre España y Bolivia que, aseguró, "siempre han sido excelentes".
Informó de que, además de estar gestionando reuniones con el Gobierno español, también han presentado algunas de las denuncias al Defensor del Pueblo.
Aunque no ofreció datos actuales, señaló que hasta enero se mantenían las cifras con unos mil 200 trámites de inicio de expulsión de ciudadanos bolivianos al mes, de los que se hacen efectivos aproximadamente 800 al año.
No obstante, Almendras apuntó que es previsible que en el mes de febrero se registre un "incremento notable".
Sobre los programas de retorno a Bolivia, la embajadora dio a conocer que, según los últimos datos, aproximadamente sesenta bolivianos a la semana están volviendo a su país.
Este retorno se ha incrementado especialmente desde la crisis económica que afecta a España, especialmente al sector de la construcción, que ofrecía trabajo a muchos bolivianos.
TeleSUR - Efe / ff-/IM
