El recorte del fondo de integración indigna a las autonomías

MANUEL VILASERÓ
MADRID

El ajuste presupuestario de 1.500 millones de euros planteado por el Gobierno se ha cebado en el fondo de integración de los inmigrantes que el Ejecutivo transfiere anualmente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. El Ministerio de Trabajo e Inmigración lo ha recortado un 29,5%, con lo que ha pasado de los 200 millones previstos en los presupuestos a tan solo 141 cuando las administraciones territoriales ya contaban con ese dinero.

Autonomías de todos los colores cargaron ayer contra la decisión del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Así, la consellera de Acció Social i Ciutadanía de la Generalitat de Catalunya, la republicana Carme Capdevila, mostró su sorpresa y recordó en un comunicado que el ministerio se había comprometido a no efectuar recortes que afectasen a la cohesión social.

Las dos autonomías más importantes de las gobernadas por el PP, la valenciana y la madrileña, anunciaron que exigirán una convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Inmigración "para pedirle a Corbacho que de marcha atrás" en la decisión. El consejero valenciano de Inmigración, Rafael Blasco, fue más allá y acusó al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de "mentir" y "poner en peligro la política social de la autonomías. En el último presupuesto elaborado por el PP, el año 2004, la partida dedicada a la integración ascendió a siete millones.