España: 2.000 millones de euros para la integración de inmigrantes

Por Tomás Bárbulo

El plan de integración de los inmigrantes, que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció como compromiso en el último debate sobre el estado de la nación, contará con un presupuesto de 2.000 millones de euros para el periodo 2006-2009.

El Consejo de Ministros analizó ayer el borrador del texto, que contempla la posible ampliación del sufragio de los extranjeros en el ámbito municipal y que será sometido a un proceso de consultas a través de la página web del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (www.mtas.es/planestrategico). En ese proceso, el Gobierno pretende recoger las sugerencias de las distintas asociaciones de inmigrantes respecto a las necesidades de los colectivos a los que representan.

El proyecto, denominado Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, es el resultado de "un proceso de consultas multilateral en el que han participado las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los agentes sociales, las asociaciones de inmigrantes y las organizaciones no gubernamentales", según el Ejecutivo. El Ministerio de Trabajo considera, no obstante, que las aportaciones a través de su página web "darán, aún más, una mayor transparencia y consenso al resultado final".

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, no dejó pasar la oportunidad de comparar los 2.000 millones de euros presupuestados para los próximos cuatro años con los siete millones de euros que el último Gobierno del PP destinó a políticas de integración de inmigrantes en 2004.

El presupuesto con que contará el plan ha sido repartido de la siguiente manera: 465,3 millones en 2006; 488,6 en 2007; 513 en 2008 y 538,7 en 2009.

Además del Ministerio de Trabajo, que ha aportado el 58% del total del dinero, han participado en el mismo los siguientes ministerios: Educación y Ciencia (que aportará 102 millones sólo el primer año), Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (80,3 millones el primer año), Sanidad y Consumo (9,7 millones en el mismo periodo) y Justicia.

Caldera insistió en precisar que la financiación "se refiere concretamente a los recursos dedicados a las políticas específicas de integración, y no incluye aquellos que comprenden el acceso de los extranjeros a los servicios públicos en general". Además, el plan "podrá incorporar los recursos económicos correspondientes a todas aquellas iniciativas a favor de la integración puestas en marcha por las distintas Administraciones públicas".

Aparte de su financiación, los objetivos del plan parecen todavía difusos. El Gobierno sólo ha informado de que consta de 12 áreas, con sus correspondientes "acciones prioritarias".

Éstas son algunas de las facetas en las que el Gobierno pretende incidir con el plan especial de integración de inmigrantes:

Acogida. Dotar a los inmigrantes de los conocimientos y habilidades necesarias para desenvolverse en la sociedad de acogida.

Educación. Fomento de medidas contra la segregación escolar, programas de acogida educativa, formación de profesores...

Empleo. Fomento de la iniciativa empresarial, el autoempleo, las empresas de economía social, medidas contra la discriminación...

Vivienda. Refuerzo de los programas de intermediación y lucha contra la discriminación en el mercado de la vivienda, prevenir las infraviviendas y el hacinamiento...

Servicios sociales. Adecuarlos a la diversidad de la población y reforzar la formación de los profesionales.

Salud. Adecuar el sistema a la diversidad de la población atendida, promover programas de prevención y educación para la salud.

Infancia y juventud. Favorecer el acceso normalizado de los niños y niñas y jóvenes de origen inmigrante a los programas de infancia y juventud.

Igualdad de trato. Programa integral de atención a las víctimas de discriminación.

Mujer inmigrante. Incorporar la perspectiva de género en el diseño, desarrollo y evolución de las políticas y programas de integración.

Participación. Ampliar el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, a través de la celebración de tratados bilaterales de reciprocidad.

Sensibilización. Mejorar la imagen pública de la inmigración.

Codesarrollo. Identificar y promover las oportunidades de desarrollo de los países de origen de la inmigración.

Discriminación en el servicio doméstico
DORA AGUIRRE RUMIÑAHUI

Ganan menos que las españolas y envían casi todo su dinero a su país. Las ecuatorianas que trabajan en el servicio doméstico aportan el 40% de las remesas de Ecuador, según Dora Aguirre, presidenta de Rumiñahui, asociación que agrupa a cerca de 10.000 ecuatorianos, la segunda comunidad inmigrante en España después de la marroquí. Aguirre tiene algo más de un mes para proponer enmiendas o sugerir nuevos proyectos dentro del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2006-2009. Recibió el borrador ayer, pero sabe perfectamente, cuáles son las prioridades de sus compatriotas, especialmente, de las mujeres. "La mayoría de las ecuatorianas que vienen a España trabaja en el servicio doméstico. Vienen con una educación bastante deficiente en cuestión de derechos y eso las hace estar sometidas. Cobran menos y quedan encasilladas porque no hay programas que les permitan acceder a una formación profesional. Es un sector laboral duro y poco regulado, en el que la mujer ecuatoriana es especialmente vulnerable", explica.

Para Aguirre, el mejor modo de integrar al inmigrante ecuatoriano es favorecer su acceso a todo tipo de trabajos: "Hay un nicho laboral reservado a la población inmigrante: los trabajos sobrantes. La ley de extranjería nos impide acceder a puestos en la administración pública. Sólo nos queda la empresa privada. El derecho al trabajo es universal y el empleo no debe estar vinculado a la nacionalidad sino a la capacidad y la cualificación. Hay muchos ecuatorianos preparados, emprendedores que merecen una oportunidad".

Protección para las mujeres víctimas de las mafias MIGUEL FONDA FEDROM

Para los inmigrantes rumanos, lo más urgente es acabar con las mafias que trafican con mujeres. El presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes Rumanos en España (FEDROM), Miguel Fonda, ha anotado ya muchas sugerencias para "concretar y definir" el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración en este sentido: "En España: ayuda psicológica, programas de protección de testigos, de inserción laboral, y creación de casas de acogida para las víctimas. En las fronteras, vigilancia policial e intención política. La coordinación entre policía de distintos países ha llevado a muchos éxitos contra la pedofilia. Hace falta esa misma colaboración, a nivel policial y legislativo, para acabar con el tráfico de personas, La prostitución está sujeta a muchas complicidades".

Fonda representa a más de 3.000 rumanos, la tercera comunidad inmigrante en España. Espera que el plan sirva para definir lo que denomina "derechos estratégicos" del inmigrante, es decir, acabar con las discriminaciones que lo convierten en vulnerable. Por ejemplo, el acceso a un trabajo estable y adecuado a su cualificación: "Hoy el rumano tiene unas expectativas laborales muy limitadas pero llegará un momento en que no se conforme con acceder a la escala más baja del proceso productivo. No se le reconoce su preparación. Una de las propuestas que vamos a hacer es que se agilice la homologación de títulos para que esos ingenieros, arquitectos, químicos... rumanos que vienen a España no entren directamente a trabajar en la hostelería o el trabajo doméstico".

Fuente: El País



24 junio 2006