Gobiernos, partidos y entidades que defienden los derechos humanos se pronunciaron en contra de la directiva. Las naciones anuncian medidas.Países de América Latina, partidos de izquierda, organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades que defienden los derechos humanos reprocharon ayer la aprobación de la directiva de retorno, por considerar que ésta no ofrece suficientes garantías para los inmigrantes ilegales.
Desde Quito, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, indicó que impulsará un frente latinoamericano para rechazar la ley.
“Esperamos hacer una respuesta conjunta con los diferentes países de América Latina”, dijo Correa según la agencia AFP.
La agencia EFE reportó desde Asunción (Paraguay) que ese país planteará en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se realizará el 1 de julio, un pronunciamiento para rechazar la directiva, anunció una fuente oficial.
Brasil también deploró la decisión, por considerar que crea una “percepción negativa” de ese fenómeno social, de acuerdo con un reporte de AFP desde Brasilia.
“Brasil, país que recibió a millones de inmigrantes y descendientes, hoy armoniosamente integrados a la sociedad brasileña, lamenta una decisión que contribuye a crear una percepción negativa de la inmigración”, dice un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Asimismo, el Senado uruguayo rechazó, por unanimidad, la directiva de retorno e instó a otros legislativos latinoamericanos a sumarse a esta reprobación, informó la agencia EFE desde Montevideo (Uruguay).
El Gobierno de Argentina, a través de un comunicado de su Cancillería, recordó que migrar “no es un delito", al lamentar los términos de la directiva, según reportó EFE desde Buenos Aires.
Y desde San Salvador, el vicecanciller de El Salvador, Eduardo Cálix, dijo que al margen de las normativas, Centroamérica está concentrada “en lograr un mejor trato, preferencial para los centroamericanos”, reportó EFE.
Un reporte de la misma agencia desde Estrasburgo (Francia), señala que los grupos de la izquierda del Parlamento Europeo (PE), sindicatos y ONG criticaron la aprobación de la normativa. Como otros, el eurodiputado socialista italiano Claudio Fava aseguró que la retención de irregulares es una “aberración”.
