Ilegales en España deben acelerar su regularización

GOBIERNO • La embajadora en España dice que al país le corresponde agilizar los trámites.

Tras la aprobación de la directiva de retorno, una de las prioridades del Gobierno y de los bolivianos que viven y trabajan en España sin contar con papeles, es acelerar su regularización.
“Tenemos que garantizar que la documentación esté en orden y que hayan procedimientos ágiles. Por ejemplo, uno de los trámites y requisitos que exigen (en España) son los antecedentes penales y tenemos que ver cómo hacer que éstos salgan lo más rápido posible”, dijo ayer a La Razón la embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras.

No obstante, aclaró que la embajada está consciente de que no existirán “regularizaciones masivas”. “Entonces, tenemos que contribuir a que hayan regularizaciones graduales, progresivas, caso por caso”, añadió.

La declaración la hizo pocas horas después de la aprobación de la directiva de retorno, instrumento que norma el encarcelamiento y expulsión de los inmigrantes ilegales en Europa.

Unos 350 mil bolivianos viven en España; de éstos, sólo 65 mil tienen sus documentos al día. Almendras recordó que “en la actual legislación española, para la detención de los inmigrantes irregulares, se establece un plazo de 40 días antes de su expulsión”, aunque precisó que si la medida no se aplica en ese periodo, el expediente “se archiva”.

La embajadora indicó que España estudia la posibilidad de ampliar de 40 a 60 días el período máximo de retención, “plazo en el que se deben hacer los trámites para agilizar la devolución de las personas a sus países”.

La retención se produce en centros de internación para los inmigrantes indocumentados.

Según Juan Francisco Montalbán, embajador de España en Bolivia, “hay mecanismos legales en España de arraigo social para que la gente pueda poner en regla su situación legal y que pueda disfrutar de los derechos laborales de los españoles, y es eso lo que se pretende implementando las reglas claras y transparentes”.

La directiva también invitará al retorno voluntario, lo que incluirá asistencia legal gratuita a los ilegales, con dinero de un Fondo para el Retorno que tendrá un presupuesto de unos $us 170 millones anuales hasta el 2013.