Ernesto Bascopé G.*
Ante la brusca caída en el precio de los minerales, sólo el tiempo dirá si las medidas asumidas por el Gobierno tuvieron algún impacto o si no fueron más que tardíos paliativos. Pero al menos es cierto que, a pesar del retraso, las autoridades parecen haber comprendido la urgencia de intervenir, frente al impacto devastador que la crisis causará en las regiones mineras del país. Sería deseable que este mismo sentimiento de urgencia se aplicara en otros sectores de la población, igualmente golpeados por la caída de los ingresos nacionales. Entre ellos, aquella fracción de la sociedad boliviana que vive de las remesas enviadas desde Europa o Estados Unidos.
Las remesas constituyen probablemente la tercera o cuarta fuente de ingresos —legales— del país. El dinero enviado permite a decenas, si no centenas, de miles de compatriotas cumplir sueños tan simples como adquirir una vivienda o realizar estudios universitarios. Esto, en un país que no se caracteriza precisamente por ofrecer a sus ciudadanos muchas oportunidades para alcanzar dichos sueños.
Al frenar en seco a las economías desarrolladas, la crisis financiera internacional significará una contracción de las remesas recibidas por nuestro país. Por citar sólo un ejemplo, España formalizó recientemente su entrada en un periodo de recesión. Como era de esperarse, el desempleo se ensaña ya con la construcción y los servicios, sectores que ocupan a un porcentaje apreciable de inmigrantes, bolivianos entre ellos.
Es fácil imaginar que miles de personas en Bolivia verán en grave riesgo sus sencillos pero esenciales proyectos de vida —un techo propio, un título universitario—, víctimas involuntarias de la crisis financiera internacional. Más pronto que tarde, veremos a miles dejar de honrar sus créditos inmobiliarios; otros tantos tendrán que abandonar o postergar sus estudios; muchos más, sin empleo, retornarán al país en busca de alguna oportunidad.
Con algo de voluntad política, el Gobierno puede mitigar el impacto social de esta crisis facilitando préstamos para las familias que no puedan cumplir con sus obligaciones financieras o dando un apoyo preferencial en términos de créditos para los inmigrantes que retornen, con frecuencia experimentados pero sin capital suficiente, a fin de que éstos puedan fundar una empresa, por ejemplo.
Sería lo menos que se podría hacer, considerando la indiferencia con la que se ha tratado hasta ahora a la comunidad boliviana del extranjero, a pesar de su aporte al país. Baste recordar la aparente negligencia en la firma de un convenio migratorio con España o la ausencia de proyectos que canalicen las remesas en proyectos productivos, como se viene anunciando desde hace años.
Este apoyo del Estado a los inmigrantes y a sus familias sería un pequeño pero útil reconocimiento. Finalmente se llegaría a tratar a nuestros compatriotas del extranjero con un poco de justicia, como algo más que simples votos o estadísticas. ¿No son tan parte de este país como cualquiera de nosotros?
*Ernesto Bascopé G.
es politólogo.